La participación de deuda en pesos indexados por inflación ya explica la mitad del total de deuda pública emitida en moneda local, cuando en diciembre de 2019 era sólo 33 por ciento.
A ese porcentaje llegó tras la última licitación del Tesoro Nacional de la semana pasada, cuando captó del mercado unos $146.000 millones (apenas 65% de que necesitaba) y precisamente la mitad de este total mediante letras o bonos que ajustan por CER (otro 30% lo tomó con papeles que ajusten por variación del dólar).
Es decir, el 80% lo captó por instrumentos con alguna cobertura, lo que revela la desconfianza existente hacia el peso y el poco atractivo que generan los papeles a tasa (fija o variable) a rendimientos que no aseguran mantener el poder de compra.
El sostenido nivel de este tipo de colocaciones se dio en el contexto de una inflación que se mantuvo elevada y fue el resultado de una de las estrategias a la que acudió la Secretaría de Finanzas para intentar estirar los plazos de colocación, adaptándose a la búsqueda de instrumentos de cobertura contra la pérdida de valor del peso por parte de los inversores.
Sin embargo, esta estrategia tampoco parece haber aportado mucho, dado que el plazo promedio del total emitido es 361 días, aunque en las últimas licitaciones se fue reduciendo y fue de 322 días en la licitación del 3 de agosto.
Los analistas explican que el aumento de la exposición de la deuda a la inflación no es un problema en sí, pero advierten que puede ayudar a tender a perpetuarla, en la medida que el país no logre escaparle a la actual inercia. En especial, porque al estar atada al aumento del costo de vida “no se puede licuar”, que fue el recurso al que apeló tantas veces el Estado para achicar sus pasivos.
“Desde lo macro es un tipo de deuda que no genera problemas en sí, porque, si sube la inflación, el Estado recauda más y tiene -en la medida en que la recaudación no sea afectada- calzados de esa manera los pagos”, explica el economista Andrés Borenstein, de la consultora EconViews.
“Eso no quiere decir que no pueda volverse problemática, ya que si la inflación se desborda termina afectando la tasa de crecimiento posible de la economía y generando un problema de sustentabilidad”, acota.
Para Borenstein el dato más importante es lo que el aumento de esta deuda revela que “el mercado no quiere arriesgarse a tomar tasa fija o variable porque no confía en la trayectoria proyectada por el Gobierno”. Y concluye: “Cuando vos no generás confianza con tu política monetaria, no te queda otra que buscar deuda ajustada por inflación o por tipo de cambio. Así queda expuesto el problema de credibilidad”.
Deuda en pesos: el costo del descrédito
Mas de la mitad de la deuda en pesos emitida por la administración Fernández tiene algún tipo de anclaje a otras variables: básicamente inflación o variación del tipo de cambio. Eso no hace más que mostrar la desconfianza hacia el peso y el descontento del mercado con las tasas ofrecidas aunque, en el caso de las fijas, ya se estiraron en la primera licitación de agosto hasta el 45,7% nominal anual, 2,5 puntos por encima del 43,5% que proyecta el mercado (según el Rem) para los próximos 12 meses.
“Desde el principio de año, lo que más ha crecido de la emisión es deuda ajustable por precios. Creo que es algo que refleja que el Gobierno busca financiarse y la gente, que ve que existe una tasa de inflación más alta de la que se había esperado inicialmente, busca refugiarse. Creo que eso se va a ir notando más en los meses que vienen, porque la deuda a tasa de interés fija o variable, reflejando lo que serían las tasas nominales del mercado, perdió atractivo, porque las tasas, aunque parecen nominalmente altas, siguen estando por debajo en general de la inflación pasada”, explicó el economista y exfuncionario Daniel Marx en una entrevista con el programa “Es por acá” de Radio Milenium.
Marx dirige la consultora Quantum Finanzas, que produjo la última semana un informe para radiografiar el estado de la deuda argentina. Ese trabajo, en base a datos oficiales, estima que:
La deuda bruta total argentina alcanza un equivalente a US$342.000 millones, mostrando de este modo un aumento de US$18.800 millones desde diciembre de 2019, es decir, desde que asumió la administración Fernández.
La mayor parte del aumento se originó en la emisión de títulos públicos por US$28.700 millones, de los cuales un equivalente a US$18.0000 millones fueron en pesos ajustables por CER.
El 21% de la deuda total es con Organismos Internacionales (13% con el FMI) y el 65% son títulos de deuda de largo plazo.
El 75% de la deuda bruta es en moneda extranjera, mientras la ajustable por CER ya representa el 12%.
La demanda de bonos ajustables por CER sigue firme aunque el mercado proyecta que habrá tres o cuatro meses de relativa calma inflacionaria, si por tal se entiende a un IPC levemente menor al 3% por mes. El problema es que ese pequeño remanso luce meramente temporal. “La baja no será duradera sino que se volverá insostenible. Cuando las anclas son forzadas y se acumulan atrasos, la dinámica termina pasando factura más temprano que tarde”, advierten desde la consultora Ecolatina.
