El Gobierno avanza en su idea de que se podría formalizar a los trabajadores de la economía popular con un “monotributo productivo”, que apuntaría, según se dice, a “facilitar la inclusión social y el acceso a jubilación y a la cobertura de salud” y a habilitar el acceso a líneas de financiamiento especiales. En la Argentina, según datos oficiales, hay unas 6 millones de personas en el sector, de las que 2,8 millones están inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP).
¿Qué se entiende por “economía popular”? El concepto apunta a un modo de producción diferente al “tradicional” que tiene su eje en la relación empleador-empleado. La “popular” se inicia con el trabajo de los “propios protagonistas”, algunas veces de manera organizada, y otras no. Desde ahí se genera el vínculo con el resto de los recursos productivos. “No es un empleo, no es en relación de dependencia”, dicen quienes están en el tema.
“No existe más el empleo pleno, aparecen nuevos, pero son de más rápida la destrucción –agrega–. El sistema capitalista está subordinado a la impronta financiera global; es más negocio poner plata en ese sistema que en producir. En la Argentina se suma la inflación de décadas, salvo algunos períodos, y la administración macrista que aceleró los problemas. Hay que formalizar lo que existe”.
Esa mirada del oficialismo difiere de la de otros, que entienden a la economía popular o social como un lugar “de tránsito”. El exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay sostiene esa postura. “Se debe avanzar hacia el trabajo digno, con inversión y educación”, afirma. Y subraya que para llegar a esa meta se debe “resolver” la macroeconomía impulsando un “gran acuerdo” sectorial.
