En una decisión unánime, firmada por sus 18 integrantes, el nuevo Consejo de la Magistratura resolvió excluir de un concurso a Walter Bento, juez federal mendocino procesado por corrupción. La resolución, a la que se llegó a través de consultas virtuales, ya que no hubo reunión presencial, lleva las firmas de los consejeros opositores y oficialistas y del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
Bento, que tenía competencia electoral en Mendoza, fue procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas para beneficiar a acusados en causas por graves delitos federales, que involucraban grandes sumas de dinero. Permanece en libertad debido a los fueros.
A través de la resolución 77/2022, el Consejo decidió excluir a Bento del concurso para cubrir una vacante en la sala III de la Cámara de Casación porque está procesado por un hecho doloso. “Se ha verificado la concurrencia de un obstáculo reglamentario para su postulación, circunstancia que se ve robustecida por el hecho de que al momento de la inscripción del postulante se encontraba en cabal conocimiento de ostensible impedimento que recaía sobre su persona”.
En julio del año pasado Bento fue procesado por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe, en concurso real con cohecho pasivo en calidad de autor por diez hechos en concurso ideal con el delito de prevaricato, también en calidad de autor. Además de un embargo millonario a él y parte de su familia se dispuso su prisión preventiva, la que no se ejecuta hasta tanto eventualmente no sea suspendido o destituido.
El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Mendoza.
Hace diez días, el juez e integrante del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, había pedido que Bento sea excluído del concurso 475 porque tenía un procesamiento firme.
Con la nueva integración, incluyendo a las cuatro consejeras que juraron la semana pasada, el Consejo decidió excluirlo del concurso y además rechazó la recusación planteada por Bento contra dos jurados del concurso.
“No puede soslayarse que adoptar una postura contraria, esto es, ignorar el auto de procesamiento penal de un postulante inscripto en un concurso que ha omitido ponerlo en conocimiento, conduciría a este órgano constitucional, con constancia fehacientes del hecho impedimente, a incurrir en una consciente renuncia a la verdad objetiva, con franca y grosera afectación al principio de transparencia, legalidad e igualdad”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae
