Por Fernando Laborda – Será difícil que los primeros anuncios de Silvina Batakis lleven mayor calma a los agentes económicos. Inmediatamente después de su designación en reemplazo de Martín Guzmán, se produjeron remarcaciones de precios, fuertes caídas en los títulos públicos, un riesgo país que llegó a superar los 2700 puntos y una presión compradora sobre el dólar que lo situó en torno de los 300 pesos según la cotización del Contado con Liquidación que se opera en la Bolsa de Comercio. Y las medidas comunicadas ayer por la flamante ministra de Economía fueron vistas como una muestra de voluntarismo o como una simple puesta en escena, antes que como el resultado de una verdadera voluntad política para ordenar las cuentas públicas.
Es cierto que la ministra intentó llevar tranquilidad con su anuncio de que se buscará cumplir con las metas del acuerdo firmado con el FMI, al tiempo que prometió que se congelará la incorporación de empleados públicos y que toda área del Estado no podrá gastar más de lo que recaude. El interrogante es cómo se compatibilizará esta idea con los numerosos concursos publicados en el Boletín Oficial durante las últimas semanas para ampliar la planta de agentes estatales. Por caso, solo la Casa de Moneda tiene previsto incorporar a 1600 empleados; probablemente, para hacer frente a la descomunal emisión monetaria.
También es cierto que la nueva titular del Palacio de Hacienda pareció contradecir los deseos de La Cámpora y el Instituto Patria cuando ratificó que las tarifas de servicios públicos subirán mediante el método de segmentación de los hogares. Pero los subsidios del Estado –una de las mayores fuentes del déficit fiscal– no bajarán, puesto que los aumentos tarifarios contemplados estarán mayormente por debajo de la creciente inflación anual proyectada, con la consecuente licuación de los ahorros para el Estado que se preveían originalmente.
Finalmente, como para no renegar de su lealtad al kirchnerismo, la funcionaria adelantó que se buscará aumentar aún más los impuestos a los bienes personales por la vía de una revaluación inmobiliaria.
No hay operador económico que no esté esperando un pronunciamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca de las primeras medidas de la ministra Batakis. Se trata de un indicador de que la mayor preocupación del mercado pasa por la situación política antes que por la debilidad de la economía argentina.
El tenso proceso iniciado con la renuncia de Guzmán y coronado con su reemplazo por Silvina Batakis dejó un saldo penoso para Alberto Fernández. Terminó agigantando la imagen de un primer mandatario cada vez más debilitado políticamente y de un gobierno sin rumbo. Algo que se hizo más evidente después de que, tras los largos cabildeos entre Sergio Massa y el jefe del Estado, primero, y entre este y la vicepresidenta, después, se advirtiera que ningún economista con prestigio y peso específico propio estaba dispuesto a tomar las riendas del Palacio de Hacienda cuando la coalición gobernante se desangra y cuando no se visualiza voluntad real del oficialismo para acercarse a la oposición y acordar mínimas pautas que garanticen la gobernabilidad.
En todo este proceso surgió como otro dato indiscutible la centralidad de Cristina Kirchner en la coalición oficialista. Reconocida como la accionista mayoritaria del inestable Frente de Todos, puede hacer gala de su capacidad para vetar cualquier designación relevante en el Gobierno y de que los conatos de autonomía del presidente Fernández habrían llegado a su fin. Casi todo tendrá que ser, en adelante, consultado con ella.
A Alberto Fernández, no obstante, le quedó una dramática herramienta para imponer algunas mínimas condiciones: la amenaza de presentar su renuncia y tirarle el gobierno por la cabeza a Cristina Kirchner, sabiendo que la vicepresidenta no quiere asumir semejante responsabilidad en medio del actual descalabro económico y, mucho menos, quedar ante los ojos de la ciudadanía como la promotora de un golpe palaciego.
Existe la sensación de que nadie en el Gobierno ni entre quienes secundan a Cristina Kirchner tiene idea acerca de cómo resolver la crítica situación económica y financiera. Cómo reducir la inflación, cómo bajar el déficit fiscal, cómo achicar o cerrar la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y los dólares paralelos, cómo hacer que el Banco Central pueda recomponer sus reservas y cómo evitar la constante pérdida de poder adquisitivo de la población son interrogantes que no encuentran respuestas en el oficialismo.
Para algunos representantes de La Cámpora, como Andrés Larroque, quien habló del final de la “fase moderada”, la salida debería pasar por más kirchnerismo. Esto es, por mayores niveles de intervencionismo en la economía, por más controles de precios, por más presión impositiva y por más aprietes a los empresarios, especialmente hacia quienes en su sector político consideran “formadores de precios” y, consecuentemente, los principales responsables de la inflación. Por supuesto, de la emisión monetaria como causa de la inflación nadie habla en el cristinismo.
No puede dejar de llamar la atención que, desde el cristinismo, se mencione la necesidad de superar una supuesta fase de moderación, cuando la propia Cristina Kirchner, al nominar como su delfín a Alberto Fernández, en 2019, había exaltado el perfil moderado y la capacidad para dialogar con todo el mundo de su candidato.
Por el momento, los analistas económicos de Wall Street, en coincidencia con no pocos observadores locales, interpretaron la designación de Silvina Batakis como la confirmación de mayor populismo, mayor heterodoxia y menor disciplina fiscal. La ministra buscó ayer modificar esa imagen, insistiendo en la necesidad de buscar el equilibrio fiscal, aunque sin despegarse de su predilección por un Estado que sea promotor de la actividad económica.
El problema radica en que, al menos en la Argentina, ese papel del Estado ha sido tradicionalmente fuente de asfixia de las empresas privadas antes que un factor para el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento económico.
Tal vez, según señalan algunos economistas, como Luis Palma Cané, una crisis política y económica como la actual solo admita dos alternativas: o un giro de 180 grados hacia una reforma del Estado o una radicalización con rasgos cada vez más autoritarios.
