La crisis se espiraliza y pone en jaque al Gobierno del Frente de Todos, pero también inquieta a Juntos por el Cambio (JxC). A la inestabilidad macroeconómica y la escalada inflacionaria por la disparada del dólar se suma la creciente conflictividad social en las calles. En su fuero íntimo los jefes opositores admiten el temor a un colapso que altere sus planes electorales.
En caso de volver al poder en 2023, en la cúpula de JxC dan por descontado que lidiaran con una economía resquebrajada, con fuertes desequilibrios en todos los frentes, y un rosario de demandas del espectro social. Prevén que habrá que impulsar profundas modificaciones en materia cambiaria, fiscal y monetaria. Y el margen de maniobra, aventuran, será mínimo. Por eso, redoblan esfuerzos para consensuar posturas en torno a los lineamientos centrales del programa económico que preparan para el año próximo.
Uno de los temas de la agenda económica que más interpela a Juntos por el Cambio es el manejo de la política social y el vínculo con las organizaciones piqueteras. No son pocos los líderes del conglomerado opositor, desde Patricia Bullrich (Pro) o Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) o incluso en la UCR, que alzaron sus voces para cuestionar la gestión de Mauricio Macri en esa área. En términos generales, consideran que Cambiemos tuvo una postura concesiva con los movimientos sociales y no supo confrontar visiones con dirigentes como Juan Grabois o Emilio Pérsico ni crear una estrategia alternativa para abordar la pobreza.
Desde hace meses, integrantes de las fundaciones Alem (UCR), Encuentro Federal, Hannah Arendt (CC) y Pensar (Pro) debaten un paquete de medidas para reformular el esquema actual de planes sociales. En ese equipo temático conviven larretistas, como la ministra porteña María Migliore, y emisarios de Bullrich -el politólogo Matías Lobos- con los radicales Fabio Quetglas y Ángel Valmaggia. También forman parte de la mesa Fernanda Reyes (CC), quien trabaja junto con Héctor “Toty” Flores; y Eduardo Mondino, presidente del think tank de la fuerza de Pichetto, entre otros.
Parten de dos premisas centrales, que fueron incluidas en el documento aprobado por la mesa nacional de Juntos por el Cambio en la cumbre temática que se realizó en mayo pasado en La Matanza. Por un lado, consideran que los programas asistenciales deben ser temporales. Y, por el otro, sostiene que el Estado debe recuperar el control de la política social de manera directa. Es decir, eliminar la intermediación de los movimientos sociales.
La discusión por ahora gira en torno a cómo lograr esos objetivos. Si bien presumen que un eventual nuevo gobierno de JxC tendrá un mayor poder político que Macri, quien tuvo minoría en ambas cámaras del Congreso, para enfrentar una reforma estructural de los planes, los jefes opositores son conscientes de que no será sencillo lidiar con las organizaciones piqueteras, sobre todo, las más combativas. “Nadie tiene una visión simplista ni piensa que si eliminan los planes, baja el déficit fiscal”, comenta uno de los referentes sociales de JxC.
Por caso, JxC descarta de plano la idea de implementar un salario básico universal, que reclaman un sector del kirchnerismo y de las organizaciones sociales para sortear la crisis, ya que entienden que agravaría el problema fiscal y “no tiene el potencial para romper dinámicas de pobreza estructural” ni apunta a crear más trabajo. Al contrario, justifican, colisionaría con la necesidad de reducir la informalidad laboral.
En JxC coinciden en que la política social debe tener como objetivo “la integración de las personas excluidas a partir de la producción y no solo desde el consumo”. “Las transferencias directas de ingresos no alcanzan por sí solas para consolidar el tejido social. Debemos empezar a transformar más que a contener”, argumentaron en un documento interno sobre el salario básico universal.
