Las empresas deberán justificar qué hicieron con la mercadería por la que reclamaron urgencia para importar con aval judicial, después de que el organismo denunciara una maniobra de compañías para acceder al dólar oficial.
La Aduana anticipó el lanzamiento de una fiscalización masiva a 500 empresas que lograron acceder al dólar oficial para importar bienes mediante medidas cautelares de la Justicia.
Las empresas alcanzadas por el operativo tendrán que justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para lograr las divisas necesarias para la operación de importación.
El control se produce luego de una denuncia del organismo liderado por Guillermo Michel a partir de una empresa que logró autorización judicial para importar mercadería, se salteó el requisito de validar el sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI) y luego “cedió” ese aval a otra compañía.
La Aduana les exigirá a los importadores documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras.
Los importadores también tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido. En este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes.
La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada. A quienes la reciben se les comunica que, en caso de incumplimiento, su inconducta “será considerada incursa en la figura prevista y penada por el artículo 994 incs. a) y b) del Código Aduanero, sin perjuicio asimismo de la aplicación de las sanciones contempladas en el artículo 100l”.
La norma en cuestión prevé apercibimientos, suspensión de hasta dos años y eliminación por completo del registro de importadores y exportadores.}
La Dirección General de Aduanas impondrá medidas de control específicas en las empresas que se detecten inconsistencias o incongruencias en la información proporcionada.
“La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado” había señalado semanas atrás Guillermo Michel, luego de que el ente aduanero denunciara que la firma Yoko SA había obtenido autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería sin el requisito de validar la SIMI, para luego ceder la autorización a Tropea SA (una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia), para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada.
