Marín Llorenty (50), poblador de Tabasay (Tarija), está muy preocupado. La posibilidad de que se decrete una prolongada veda pesquera en el río Pilcomayo, por causa de la contaminación minera proveniente desde Potosí, le quita el sueño desde hace varios días.
Él, al igual que otras 40 familias que viven en la comunidad tarijeña de Tabasay, temen que les impidan continuar con esa actividad que es el único medio de sustento económico. “Ojalá se hagan estudios sobre el sábalo para que no hayan malos comentarios y nos afecte la venta del pescado. Nosotros vivimos de la pesca en el Pilcomayo, no sembramos”, dice Llorenty.
El poblador guaraní nació y se crió en la comunidad donde hace poco la Gobernación de Tarija recolectó dos muestras de agua para ser analizadas en un laboratorio, las que revelan que no es apta para el consumo humano.
En esa aldea viven 45 familias y la mayoría se sustenta de la pesca del sábalo y otras especies piscícolas que deambulan por las aguas del Pilcomayo.
Sin embargo, el Gobierno minimiza el impacto de los residuos mineros en el afluente. Ya casi se cumple un mes desde aquel 23 de julio de 2022, cuando en la comunidad de Agua Dulce (Potosí) colapsó un dique de colas mineras que contaminaron el río de la Rivera y la quebrada de Tarapaya. De acuerdo con el Gobierno, en esa oportunidad, más de 13.000 metros cúbicos de desechos mineros llegaron a esas aguas. Hasta el momento solo un 38% (5.000 metros cúbicos) de esos sedimentos fueron retirados.
Magín Herrera, viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, explicó que apenas se supo del incidente se actuó de forma técnica y legal. Unos 11 técnicos llegaron al lugar y el 27 de julio tomaron siete muestras de agua las cuales arrojaron un PH que oscila entre 2,84 y 7,01. Un valor que, a criterio de Herrera, no genera la mortandad de peces (pues viven en un PH que va desde los 6,5 hasta los 7,5) y tampoco daña a las personas que pueden beber agua con un PH de 7,01.
También realizaron cuatro muestras para ver la presencia de minerales en el agua y se pudo detectar zinc, hierro, plomo, entre otros -en niveles bajos- según el informe. “La muestra se hizo en un área de 32 km, con un ancho de 4,2 metros. El jueves, 18 de agosto, se volvió a hacer un nuevo estudio en los mismos lugares. Entonces con estos respaldos técnicos, decir que la contaminación llegó a Tarija, Chuquisaca o Salta son puras especulaciones”, sostuvo Herrera.
En el área legal, la autoridad señaló que se hizo la denuncia ante la Fiscalía y será la justicia la que determine los responsables.
Sobre el tema, Aldo Effen, vocero de la Gobernación de Potosí, indicó que junto con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de Potosí, se está trabajando en el lugar para limpiar los sedimentos mineros, y que del 100% de esos desechos ya se retiró más de un 30%.
Además, remarcó que el material que llegó al río de la Rivera y a la quebrada de Tarapaya, que se conecta con el río Pilcomayo, afectó a tres comunidades, pero negó que la contaminación llegue a regiones de Chuquisaca y Tarija, pues el informe técnico indica que solo se afectó una zona de 32 kilómetros.
“Este tema involucra a los tres niveles de gobierno. Cada uno está trabajando en lo que le corresponde. Nosotros como Gobernación estamos en el lugar del incidente controlando y ayudando en las labores de limpieza. Decir que estos residuos llegaron más al sur del país es magnificar el tema y no contar con argumentos técnicos”, precisó Effen.
