El Frente de Todos sumó al presupuesto de 2023 un artículo que obliga a los jueces y empleados del Poder Judicial a pagar el impuesto a las Ganancias, subió el gasto social como pedían sectores del kirchnerismo e incorporó la cláusula gatillo para definir el destino de las partidas si la inflación crece por encima de lo previsto y se recauda más.
Fueron anuncios realizados durante el debate en comisión de este jueves, cuando el oficialismo logró dictaminar el proyecto con el apoyo de los diputados de Misiones y Córdoba. Se tratará el martes y estarían los votos para aprobarlo y enviarlo al Senado, aunque hay tiempo hasta último momento para revisar artículos que podrían caerse, como el que prorroga las retenciones a las exportaciones.
El texto final incorporó además una suba de impuestos a productos fabricados en Tierra del Fuego y de multas por defensa del consumidor. Mantuvo la responsabilidad de las provincias por deudas a Cammesa, pero sin quitarle coparticipación.
La sesión de la Comisión de presupuesto duró tres horas y cristalizó el marco de alianzas de Sergio Massa que incluye un diálogo con los partidos provinciales y Evolución radical, el bloque identificado con Martín Lousteau, que no firmó el dictamen pero propuso modificaciones que fueron aceptadas, como la cláusula gatillo o la deducción de gastos escolares en Ganancias. Se tomaron propuestas de la UCR pero fueron ignoradas las del PRO y la Coalición Cívica.
Con el texto definido, Heller guionó la comisión. Empezó con un detalle suyo de las modificaciones y siguió con propuestas de oficialistas para sumar partidas sociales fue finalmente serían aceptadas.
Entre las sugerencias estuvo la del entrerriano Marcelo Casaretto para que todos los jueces y funcionarios del Poder Judicial paguen el impuesto a las ganancias. No lo hacen porque así lo definió una acordada de la Corte en los 90 y 2017 sólo están alcanzados los nombrados desde ese año.
El artículo incorporado señala que «en el caso de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de los ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente la fecha de su nombramiento y por todos los conceptos que integran sus remuneraciones».
«En el 2022 el Estado no recaudará «129 mil millones de pesos porque los jueces no pagan Ganancias; el año próximo esta suma será de 237 mil millones», precisó Casaretto.
«Los trabajadores que ganan más de $ 330.000 pagan Ganancias y los jueces de la Corte Suprema y menores niveles, que ganan $1.000.000 o $2.000.000 mensuales no pagan y deben hacerlo. Que no me vengan con la independencia del Poder Judicial», agregó el entrerriano.
Los 237 mil millones suman a los empleados del poder judicial y a los jueces jubilados. Servirán para financiar el aumento de partidas sociales, que según detalló Heller consumirá poco más de 300 millones.
«¿Estamos halando de jueces y empleados de la justicia no?», preguntó el radical Ricardo Buyaile. «Si», respondió el oficialista Itaí Hagman. «Bien, seguimos sumando amigos», bromeó el formoseño.
Incluye 10 mil millones más de políticas alimentarias, 90 mil en prestaciones sociales, 59 mil en becas educativas (Progresar), 31.175 mil en el aporte al incentivo docente (Fonid); 19.700 para el fondo de integración sociourbana (Fisu) encargado de relevar barrios populares, 12.969 para comedores escolares, 4 mil para infraestructura educativa y 400 para asistencias a infancias, entre otras.
