China podría haber instalado decenas de “comisarías en el extranjero” que los activistas temen que puedan utilizarse para seguir y acosar a los disidentes en otros países como parte de la campaña de represión que lleva a cabo Pekín, por lo que ya hay gobiernos que están investigando estas “oficinas ilegales”.
La organización no gubernamental Fundación Safeguard Defenders, con base en Madrid, publicó un informe el mes pasado llamado “110 fuera del país. La policía trasnacional china se volvió loca”, que se centró en las instalaciones oficiales chinas en el extranjero.
El reporte arrojó que los organismos policiales chinos habían establecido oficinas en 30 países y las utilizaban para perseguir objetivos políticos en el extranjero, incluso “en operaciones policiales encubiertas e ilegales en España”.
El objetivo de estos centros clandestinos es que el Partido Comunista de China reprima las críticas dentro de las comunidades de expatriados “tanto como lo ha hecho en su país durante tanto tiempo”, dijo la vocera de Safeguard Defenders, Laura Harth.
El gobierno holandés dijo esta semana que estaba investigando si dos de esas comisarías clandestinas -una en una oficina virtual en Ámsterdam y otra en una dirección física en Roterdam- se establecieron en Holanda.
“Estamos investigando las actividades de estos llamados centros policiales. Una vez que haya más claridad sobre el asunto, decidiremos la acción apropiada”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda en un comunicado.
“Si los acontecimientos descritos en el informe de Safeguard Defenders amenazan con fortalecer la sensación de intimidación y amenazas entre la comunidad china holandesa, eso es algo malo, y el gobierno opina que se deben tomar medidas contra esto”, agregó el ministerio. “Lo que sí es cierto es que el gobierno chino nunca nos informó de los centros por vía diplomática, por lo que, para empezar, son ilegales”.
La investigación se produce después de que el medio holandés RTL Nieuws y el sitio web de investigación “Follow The Money” informaran de que dos oficinas de este tipo han llevado a cabo funciones, incluida la renovación a distancia de los permisos de conducir de ciudadanos chinos. Estos informes de noticias dicen que la operación en la capital holandesa ha existido desde 2018.
RTL Nieuws entrevistó a Wang Jingyu, un disidente chino, que dijo que los representantes de una de estas oficinas en Roterdam habían intentado presionarlo para que regresara a China, como parte de una amplia campaña de acoso.
Además de Holanda, otros gobiernos, como el de Irlanda, Estados Unidos y Canadá, han expresado su preocupación y han tomado medidas al respecto.
La semana pasada, un documento publicado por el tribunal de Brooklyn, Nueva York, expuso el posible caso de injerencia extranjera y acusó a siete ciudadanos chinos de llevar a cabo una campaña de acoso y vigilancia contra un residente de China en Estados Unidos para “provocar la repatriación forzosa de un ciudadano” chino.
