El Paso, una ciudad texana fronteriza con México, afronta una creciente “crisis humanitaria” a la espera de un cambio en la política migratoria que tiene en vilo a migrantes de América Latina al otro lado de la valla.
El llamado Título 42, que se creó durante el gobierno de Donald Trump y otorga al Ejecutivo el poder de expulsar automáticamente a los indocumentados, podría ser retirado en los próximos días.
Ha impedido que miles de personas crucen la frontera entre México y Estados Unidos.
La política debía expirar este miércoles, 21 de diciembre, pero la Corte Suprema lo dejó temporalmente en suspenso.
El lunes el presidente del máximo tribunal, el juez John Roberts, bloqueó temporalmente su fin en espera de un fallo sobre un recurso de emergencia presentado por una serie de estados liderados por republicanos que piden que la política permanezca vigente.
El martes, la administración Biden urgió a la Corte Suprema que ignorara la petición liderada por los republicanos de que mantenga en vigor el Título 42, argumentando que ya no se puede justificar.
Pero también le pidió que retrasara el final de dicha política hasta al menos el 27 de diciembre, para prepararse ante la afluencia de inmigrantes que se espera.
Si la administración consigue lo que quiere, la política expirará el 27 de diciembre.
Sin embargo, la intervención del tribunal poco importa en las calles de El Paso, donde los refugios y los servicios humanitarios ya se están viendo sobrecargados y los migrantes, cansados, duermen a la intemperie durante unas noches muy frías.
El martes por la tarde decenas de migrantes, incluidos mujeres y niños, dormían en el piso de la principal terminal de autobuses, en el centro de El Paso.
Si bien la mayoría eran nicaragüenses y venezolanos, también había entre ellos ciudadanos de otros países de América Latina.
