La Mesa de Enlace informó que la Justicia suspendió el pago del bono extraordinario que reclamaba la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). “Hacer lugar a la medida precautoria peticionada por los accionantes y ordenar la suspensión de los efectos de la Resolución 230/22 dictada por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario hasta tanto el Ministerio de Trabajo se expida respecto de la impugnación efectuada”, resolvió el juez Matías Moreno Espeja.
Se trata de un reclamo que las entidades del campo habían solicitado en medio de la sequía severa y la caída de la producción. El bono extra era $26.000, se sumaba a los $24.000 para todos los empleados de la economía y totalizaba una suma de 50 mil pesos..
La medida cautelar que presentaron la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y la Federación Agraria Argentina (FAA) sostiene “la incompetencia” de la Comisión Nacional del Trabajo Agrario para imponer tal decisión.
″El vicio del procedimiento subsiguiente, habida cuenta que, a su entender, su dictado constituye un exceso a las atribuciones de la entidad citada que se encuentran enumeradas en los artículos 84 y 89 de la ley 26.727 y en la resolución 82/2017 que fija los términos de su reglamento interno”, explicó el juez en su resolución.
La decisión de la justicia laboral
El magistrado Moreno Espeja sostuvo que el funcionamiento de la CNTA debe darse con al menos un representante del sector empresarial, situación que no se dio debido al rechazo de los empresarios para abonar el bono en cuestión. Entre los argumentos centrales del sector privado está la sequía en primer lugar, con el incremento de costos productivos y los márgenes de ganancias, en muchos casos, reducidos a la nada.
En el fallo el juez observó que en el momento de la decisión del otorgamiento del bono los representantes de la mesa de enlace no participaron del encuentro y que la decisión se dio sin la presencia de un sector.
“Formularon su oposición al pago propuesto por la UATRE, debido a la grave situación económico financiera que sufre el sector y de lo cual acompañan prueba con las declaraciones de emergencia agropecuaria oportunamente dictadas”, precisó el juez.
El juzgado enumeró que las entidades plantearon que la resolución “fue dictada a través de un procedimiento ilegítimo contrario al espíritu de la Ley de Trabajo Agrario, dado que se llevo a cabo por la negociación paralela entre los representantes sindicales y el Ministerio de Trabajo”.
“Por su parte, los accionantes también sostienen la nulidad del acto administrativo producto de la falta de motivación y vicio en la causa y en el objeto, tratándose de una medida irracional e ilegítima, dictada sin tener en cuenta que se encontraba cerrada la paritaria salarial 2022″, expuso.
