El proceso para renacionalizar las pensiones ha sido largo y con la finalización del sistema privado de pensiones, el Gobierno promete rendimientos más altos, menos comisiones y, por tanto, pensiones mayores. La Gestora Pública asegura que los fondos de pensiones serán independientes de cualquier decisión gubernamental y prestarán dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFP.
Ayer, el Gobierno boliviano completó el proceso de defunción del sistema privado de pensiones, poniendo fin a los contratos de las AFP y haciéndose responsable de los ahorros bolivianos de jubilación para ser administrados por la Gestora Pública. Con ello, se quitará el último ladrillo de la estructura económica que se creó hace 26 años durante el periodo neoliberal de fines del siglo pasado.
El camino para renacionalizar las pensiones ha sido largo. Ya en 2010, el Gobierno de Evo Morales argumentaba que las AFP nunca habían competido entre ellas, que el resultado de su trabajo había sido mediocre y que, a cambio, estas compañías se llevaban grandes utilidades. La animosidad contra las AFP, que al comienzo era alta, fue disminuyendo en el largo tiempo que se necesitó para concretar la rescisión de sus contratos.
Con el fin de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) privadas, el Gobierno promete rendimientos más altos, menos comisiones y, por tanto, pensiones mayores. La Gestora Pública asegura que los fondos de pensiones serán independientes de cualquier decisión gubernamental y prestarán dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFP. La Gestora subirá los rendimientos de las inversiones de los fondos de pensiones de 3% a más de 4%. Para eso, dejará de cobrar las comisiones que las AFP descontaban de las inversiones. También disminuirá la comisión directa que estas entidades privadas imponían a cada jubilado, de 1,81% a 0,5%.
El cambio inminente ha despertado temores y protestas de varios sectores sociales y es considerado como una “apropiación del dinero de la gente” por parte de la oposición política del país. La oposición habla abiertamente de que el Gobierno “se apropiará” de unos fondos que son privados y que los usará para pagar su déficit. Sin embargo, la Gestora Pública asegura que los fondos de pensiones serán independientes de cualquier decisión gubernamental y que prestarán dinero al Estado en las mismas condiciones que lo han hecho con las AFP.
La decisión de estatizar el sistema de pensiones ha sido un proceso largo y, finalmente, el Gobierno de Luis Arce ha culminado con éxito. Con la Gestora Pública a cargo, se espera que los ahorros bolivianos para la jubilación sean mejor administrados y que se obtengan mejores rendimiento.
