La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) dispuso la intervención preventiva de estaciones de servicio que pongan en riesgo la continuidad y la normal atención del servicio de provisión de diésel y gasolina en el mercado interno o generen desabastecimiento a la población.
Así lo establece el Reglamento de Intervención Preventiva de Empresas Reguladas, aprobado por la entidad reguladora a través de la Resolución Administrativa 11/2023.
La norma establece cinco causales de intervención: cuando la licencia de operación no haya sido renovada, por causas atribuibles a la empresa regulada; cuando la empresa regulada haya cesado operaciones sin autorización del ente regulador; cuando la empresa regulada no pueda acreditar a un representante legal; cuando de acuerdo a normativa vigente, como resultado de la comisión de delitos penales, la empresa se encuentre imposibilitada de seguir operando y no exista impedimento para que la ANH disponga la intervención preventiva; y cuando como resultado de la denuncia del usuario o consumidor final se haya verificado fehacientemente que la atención de la empresa regulada pone en riesgo la provisión y normal servicio.
El periodo de ejecución de la intervención será de hasta un año calendario, plazo que puede ser prorrogado. Los gastos generados por el proceso serán cubiertos con recursos del flujo de caja de la empresa intervenida.
“Esta resolución administrativa pone en riesgo la inversión privada, puesto que indica que el Estado se va a hacer cargo de la administración de la estación de servicio. Son varios factores que no vamos a poder cumplir”, informó Diego Ferrufino, presidente de la Asociación de surtidores de Cochabamba
Esta es una de las preocupaciones del sector, que anoche se reunió con el director ejecutivo de la ANH, Germán Jiménez, y el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, William Donaire, para hacerles conocer su posición, mientras se registraban largas filas en los surtidores de la capital cruceña.
“Puede haber una situación de caos cuando sale una normativa, y la gente o redes sociales hacen ver que no habrá (combustibles). El abastecimiento está garantizado”, afirmó Donaire.
Giménez, por su lado, anunció que ingresarán en mesas de trabajo con Asosur para socializar el Decreto 4910.
“Es una resolución administrativa que tenemos que cumplir de manera obligatoria y que no puede ser puesta en pausa. No puede ser que no se la aplique solo con un comunicado, con una carta o con una instrucción verbal. Entonces, estamos en una encrucijada legal. Por un lado, tenemos el reglamento legal vigente y por el otro tenemos comunicados e instructivos que nos dicen que aún todavía no hagamos caso a este reglamento y que una vez que pase esta etapa de socialización recién se va ejecutar al 100%”, aseveró Ferrufino.
