El ministro de Seguridad, Guillermo Corro, informó que «hay personas prófugas y no están a derecho» en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Justicia por los actos violentos cometidos en la Legislatura y en Humahuaca, motivo por el cual «continuarán las medidas judiciales que la Policía de la Provincia cumplirá».
Asimismo, destacó que “no hay detenidos en situación de aislamiento o incomunicación” y subrayó que “todos están en contacto con sus abogados y familiares”.
En otro orden, indicó que “estamos a disposición del Ministerio Público de la Acusación y aportamos pruebas producidas por áreas técnicas, tales como Estadísticas, Bomberos y otras que intervinieron en los hechos violentos acontecidos en la Legislatura e inmediaciones”. “Se sumaron actuaciones por los episodios registrados en Humahuaca”, apuntó.
Además, enfatizó que las detenciones ordenadas por la Justicia, “se cumplieron bajo estricto cumplimiento reglamentario”, esto es “traslado a Alcaidía del Servicio Penitenciario y la debida revisión médica”, acotó el ministro.
Informe del MPA
El jueves, Walter Rondón y Diego Funes, titulares de las Fiscalías Especializadas en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública Nº 1 y Nº 2 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respectivamente, brindaron un informe pormenorizado e ilustrado sobre el curso de las investigaciones que se sustancian a raíz de los acontecimientos violentos ocurridos el 20 de junio último, abordando especialmente las detenciones realizadas hoy, jueves 13, y la marcha de los actos procesales de rigor.
Explicaron que las investigaciones se pusieron en marcha por los múltiples daños a las instalaciones de la Legislatura de la Provincia, destrucción de espacios y bienes públicos y de propiedad privada, resistencia a la autoridad y lesiones a policías. Tras estos hechos, se concretó una “gran cantidad de detenciones ante delitos en flagrancia”, por las que se iniciaron actuaciones judiciales en el fuero Penal.
Con el transcurrir de la investigación y el correspondiente análisis de imágenes provistas por cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, y también registradas por medios de comunicación, se determinó la participación de más personas en los actos vandálicos y delictivos que no fueron oportunamente detenidas.
En este contexto y en base a una ardua labor a cargo de un nutrido grupo de agentes del MPA, se labraron las imputaciones y las órdenes de detención de 20 personas, con las debidas disposiciones del Juez de Control interviniente en la causa. Es así que en la fecha, 13 de julio, se procedió a la detención de 9 personas, entre ellas un hombre Iván Blacutt que es docente de la UNJu, quien “no fue detenido por su actividad, sino por participar de los ataques del 20 de junio, situación que se puede observar en imágenes de video, portando un garrote de dimensiones importantes, además de empujar al personal policial y arrojar piedras o elementos contundentes en contra de los efectivos de seguridad”, describió Funes.
Enfatizó que “no se persigue a nadie por su actividad profesional, laboral o política. Se criminaliza a las personas al ser identificadas en algún hecho delictivo”, como es el caso de Iván Blacutt.
Además, precisó que a los aludidos se les imputan los delitos de Atentado contra la Autoridad; Resistencia a la Autoridad; Daños; Estrago; Estorbo Funcional y Entorpecimiento del Transporte Terrestre. “Bajo ningún punto de vista se cuestiona participación en manifestación y protesta”, resaltó y puntualizó que “aún falta identificar a más personas”.
Los fiscales estimaron oportuno aclarar esta situación de cara a las versiones falsas y que no corresponden a las investigaciones, las cuales trascienden en redes sociales.
En otro tramo de la conferencia de prensa, confirmaron la detención de Alberto Nallar, imputado por Instigación a Cometer Delitos, Incitación Pública y Sedición. “El imputado se presenta en los piquetes para incitar a la gente a tomar el poder, desconocer al Poder Judicial, a no recurrir a la Justicia y optar por las vías de hecho para pedir la intervención a la Provincia y la derogación de la Constitución Provincial”, argumentó Rondón.
Consultado sobre los resultados del operativo cumplido recientemente en el domicilio de Milagro Sala, Rondón indicó el secuestro de 14 celulares e informó que esta semana se inició el proceso de apertura de dichos equipos.
