El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani Gutiérrez, y otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos y no irán a juicio por el caso de la compra irregular de 41 ambulancias; mientras que otros 15 funcionarios y personas particulares fueron acusadas formalmente por las ficales, Gabriela Quintana López y Magaly Castro Luna.
“Se ha pronunciado requerimiento de sobreseimiento con relación a los imputados Jhonny Mamani Gutiérrez, por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes”, señala la parte resolutiva del documento oficial.
En enero de 2022 se destapó el escándalo de la compra de 41 ambulancias en la Gobernación de Potosí. Hubo la licitación, los informes aseguraron que los equipos ya habían sido entregados a esta entidad, pero nunca llegaron. La Fiscalía demoró en iniciar las investigaciones y no investigó al gobernador Mamani.
La resolución de sobreseimiento fue firmada este martes por las dos fiscales en la que figuran 19 nombres en total, sin embargo, solamente son 13 procesados, seis de ellos figuran dos veces porque se les amplió el tipo de delitos a lo largo de la investigación; de ese modo solo quedaban Mamani y una docena de funcionarios; de estos irán a juicio ocho personas.
“En razón a que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. Se hace conocer que, la presente Resolución puede ser impugnada dentro de los 5 días siguientes a su notificación”, justifica el memorial de las fiscales.
Según la teoría de las fiscales, “el hecho no existió”, por tanto no se podía fundamentar una acusación. El gobernador de Potosí había manifestado que no se pagó los Bs 20,5 millones que supuestamente costaron los vehículos y que no había daño al Estado, las fiscales coincidieron con ese criterio.
Los que fueron sobreseídos junto con el gobernador son: Luis René Loayza Gallardo, Rubén Moisés Miranda Castro, Ricardo Antonio Rodríguez Serrudo y Ramiro Luis Choque Arando, para quienes el caso se extinguió.
Los que irán a juicio son: Jorge Pablo Velarde Torrico, Carlos Alberto Aguirre Marino, David Favio Pozo Medrano, Luis Humberto Huanca Torrez, Gualberto Coronado Cuiza, Johnny Rivera Morales, Luis Sandro Camino Leniz y Eulogio Peñaranda Cárdenas.
Los cargos por los que se los acusa son: falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, uso de instrumento falsificado y sociedades o asociaciones ficticias.
