Por Francisco Olivera – En su afán por sorprender y recuperar la escena política, virtudes que siempre le reconocieron dentro y fuera del Gobierno, Sergio Massa forzó con su paquete de medidas del fin de semana rupturas que no esperaba. Con empresarios con quienes venía trabajando acuerdos de precios, en primer lugar, pero también con parte del sindicalismo y, peor, con gobernadores e intendentes peronistas que dicen no estar en condiciones de pagar el bono de 60.000 pesos.
Fue, con todo, Massa auténtico. No solo en lo disruptivo, sino hasta por la nebulosa que rodea aún a algunos de sus anuncios, carentes de precisión o inconclusos. ¿Lo hizo sin consultar a los del propio espacio por pedido de Cristina Kirchner? ¿No podría haber sondeado antes las provincias o los municipios? Varios jefes comunales le transmitieron el miércoles por la noche el malestar a Kicillof. Dudan además de que el gobernador no haya sabido nada, como les dijo. “Nos enteramos de todo por los diarios”, protestó ante la nacion uno de los presentes. Estaban Federico Achaval (Pilar), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Fernando Moreira (San Martín) y Mayra Mendoza (Quilmes). Kicillof negó además que hubiera sido él quien filtró a la prensa la posibilidad de confeccionar un fondo para asistir a quienes no pudieran pagar. Algunos ponen ahora en duda el aguinaldo. Quedaron en volver a encontrarse la semana próxima.
Los intendentes son medidos en la queja porque, en el fondo, sospechan que la idea de no preguntar puede haber salido en realidad de la vicepresidenta. Es un estilo que ya conocen: arremeter con decisiones que, por prudencia, una vez lanzadas a la esfera pública, a los perjudicados les conviene aceptar. Los más experimentados dicen haber detectado ese sello en la jugada. Lo ven hasta en el comunicado que publicó el miércoles Humberto Bertinat, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires. Bertinat, muy cercano al diputado Kirchner, exhortó en el texto a obedecer la medida y declaró al gremio en estado de alerta. “Ese es Máximo”, concluyó un intendente de la primera sección electoral.
El desencuentro no tiene precedente en el peronismo. Que en medio de la campaña, una orden del ministro de Economía y candidato del Gobierno haya sido desacatada por 14 provincias muestra antes que nada la debilidad de quien la dio. Solo dos municipios dijeron públicamente que pagarían el bono: Ensenada, que conduce Mario Secco, y San Martín, de Fernando Moreira, que funciona bajo el liderazgo del ministro Gabriel Katopodis. El argumento del resto no es ideológico, sino de caja: ¿por qué se los pone ante una situación de incumplimiento que podría afectar la elección si, además, la mayoría tiene cláusulas gatillo que ajustan los salarios por arriba de la inflación? “Nosotros estamos bastante por arriba”, dijo a este diario el ministro de Economía de una provincia peronista.
La falta de coordinación es riesgosa en cualquier contexto, pero suicida cuando se pretende recuperar votos. ¿A esos mismos intendentes y gobernadores les pedirá Malena Galmarini que no alienten el corte de boleta, tarea a la que la líder de AySA está abocada desde el domingo de la derrota? Ella ya tiene su propio búnker de campaña: anteayer, en las oficinas que el Frente Renovador tiene en la calle Mitre al 300, hizo la segunda reunión con jefes de partidos de Unión por la Patria.
Pero el problema de Massa excede la cuestión partidaria. Lo suyo puede haber sido también un salto al vacío desde la óptica macroeconómica. No contempló, por lo pronto, que la expectativa de medidas expansivas tomadas horas después de una devaluación y con la demanda de dinero en franca caída echarían combustible a la inflación. “En este contexto todo va a precios”, resumió un empresario. Hasta los aliados del ministro en la CGT se sorprendieron: como la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en la central de trabajadores esperaban que la suma fija fuera solo a la Asignación por Hijo y a las asignaciones familiares. Massa tampoco consideró que para anunciar un acuerdo con 425 empresas, como anticipó el comunicado que difundió el Palacio de Hacienda el domingo, al menos debería haber conseguido el aval de algunas. “Lo está estudiando nuestro departamento de legales”, contestaron en una de ellas a la consulta de si lo firmarían. Hasta ahora, las únicas que lo hicieron sobre el papel fueron las petroleras. El resto espera alguna reglamentación o modificación del decreto de alivio fiscal que el Gobierno les ofreció a cambio. La norma, publicada el fin de semana, enumera algunas desgravaciones que somete a la aprobación de la AFIP, pero recuerda que existe, en caso de desacatar, la ley de abastecimiento. Esperaban un acuerdo, no una extorsión. Es probable que el entendimiento no pase del borrador.
El Gobierno ya no tiene además la otra herramienta para convencerlas por las buenas, como fue en su momento la habilitación de divisas para importar. “No hay un dólar”, les contestan desde hace al menos dos meses en la Secretaría de Comercio. Algunos empresarios han visto cómo sus autorizaciones, ya aprobadas, eran reprogramadas hasta tres veces en los plazos. César Macchio, presidente de Fam sa, fabricante de heladeras, freezers y termotanques solares con sede en Córdoba, dice que llevan 6 semanas con la planta parada y que, si por fortuna llegara lo que ya tiene autorizado, tendrá actividad solo para dos meses. Sus 80 empleados hacen en este momento tareas de mantenimiento. El sistema de SIRA tampoco es claro. Una autopartista que factura unos 15 millones de dólares por año acaba de enterarse por la web de que su Capacidad Económica Financiera, el indicador por que se rige el Gobierno para habilitar el acceso a divisas, es de apenas 1 peso. Dos gerentes de una empresa nacional se sorprendieron esta semana antes de entrar en una reunión en la sede de la Aduana, donde los esperaba el equipo de Guillermo Michel para hablar de las SIRA, al ver que un vendedor ambulante atravesaba la puerta del hall y les ofrecía perfumes importados. Son dificultades comunes a todos. La industria gráfica no está todavía en condiciones de imprimir las boletas para las elecciones porque faltan insumos para la tinta. ¿Habrá que convocar a Boudou?
La Unión Industrial Argentina trató varias de estas cuestiones el martes, en su reunión interna. Según un informe de FMyA, del economista Fernando Marull, entre el 1° y el 30 de agosto el Banco Central compró 1200 millones de dólares, de los cuales gastó 1000 millones en intervenciones para contener la cotización. La prioridad es evitar la corrida. Es entendible que, ante tantos reclamos, Matías Tombolini y algunos de sus colaboradores hayan endurecido el discurso. Los Salieri de Moreno. Y hay empresarios que se molestan hasta por los chistes con que el secretario de Comercio pretende a veces aflojar la conversación. Una reciente alusión al sabbat, por ejemplo. “Vino Moldavsky”, reaccionó uno.
A Massa le urgen la gestión y la campaña. Para peor, La Cámpora parece estar dejándolo solo. “Hace tiempo que Máximo no aparece”, dice un intendente peronista. Tal vez sea la excesiva credulidad en encuestas propias que muestran un crecimiento de Milei hasta los 36 puntos, una leve caída de Patricia Bullrich de uno o dos respecto de los resultados de las primarias y el estancamiento del candidato de Unión por la Patria. La desesperación es tal que, aunque no lo admitan de modo explícito, algunos dirigentes kirchneristas han empezado a prepararse mentalmente para convivir con un nuevo gobierno ajeno. Puestos a elegir, dicen, preferirían a Milei. El argumento es que, a diferencia de Trump y Bolsonaro, con quienes lo comparan, el libertario no tiene estructura y encabezará un liderazgo “silvestre”.
Tal vez haya quienes incluso resuelvan apoyarlo si llega al poder. Ya existen en realidad candidatos de Milei cercanos al peronismo. Sergio Raúl Vargas, por ejemplo, que encabeza la lista de senadores en la 6a. sección bonaerense, no solo es colaborador de Guillermo Michel, sino funcionario de la Aduana: ocupa el cargo de consejero de fiscalización y operativa aduanera en la dirección de Ezeiza. Milei representa además para algunos la posibilidad de volver en cuatro años: en el kirchnerismo descuentan que tendrá problemas de gobernabilidad. Es la profecía de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, que le auguró la semana pasada una presidencia corta. La zona de confort de unos cuantos: saturar de tensión las calles, sin la menor autocrítica.
