Tras cinco años, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo que depende del Ministerio de Economía, archivó su investigación por la presunta cartelización de la obra pública. No encontró evidencias contundentes de una colusión entre las empresas, aunque emitió recomendaciones “pro competitivas” que deberá instrumentar una cámara clave del sector, según consta en las copias del dictamen y de la resolución
La investigación de la CNDC comenzó en 2018, en las semanas que siguieron al inicio de la pesquisa penal conocida como la “causa Cuadernos”, que expuso un entramado de corrupción que involucró a la cúspide del kirchnerismo y empresarios, con decenas de arrepentidos y detenidos que deberán afrontar un juicio oral.
El expediente administrativo de la CNDC apuntó a un eje distinto del penal. Buscó determinar si, además del presunto pago de sobornos, aportes ilegales de campaña y el trasiego de bolsos repletos de dinero que reconocieron decenas de involucrados en los tribunales de Comodoro Py, las empresas también se habían cartelizado para simular que competían por los contratos de obra pública. Pero no pudo probarlo.
“Esta CNDC entiende que los indicios que se observan [en el sector de la obra pública] van en sentido opuesto a la probabilidad de formación y sostenimiento de un acuerdo de reparto de licitaciones”, concluyeron los vocales Guillermo Pérez Vacchini, Balbina Griffa Díaz y Pablo Lepere, el 30 de junio pasado, lo que refrendó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el 19 de agosto último, es decir, el sábado posterior a las PASO.
Desde la Comisión negaron una motivación política o electoral en la decisión. Indicaron que adoptaron la decisión al filo de la prescripción –fijada en cinco años–, y tras analizar las pruebas recolectadas en el expediente, que incluyeron las declaraciones como arrepentidos del expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, del financista Ernesto Clarens –que aportó planillas–, y las testimoniales del extitular de la Dirección de Vialidad durante el macrismo, Javier Iguacel
Wagner, quien presidió la Cámara entre 2004 y 2012 y es dueño de dos constructoras, Esuco y Decavial, se acogió al régimen del “arrepentido” en la causa “Cuadernos” y relató cómo al menos una docena de empresarios se repartía los contratos: “Se reunían en los lugares establecidos y determinaban el ganador de la licitación en función de su interés por la obra y del volumen de trabajo que tenía tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en los pliegos”.
