Una ola de violencia recorre Brasil y, tras haber tocado el litoral paulista, tiene ahora como epicentro los estados de Bahía y Río de Janeiro. La situación es tan grave que el gobierno de Lula ha lanzado esta semana el programa de Lucha contra las Organizaciones Criminales (Enfoc), con una inversión de 900 millones de reales, unos 175 millones de dólares. Entre los principales puntos del nuevo programa figuran una mejor integración de las instituciones, más controles fronterizos y una mayor eficacia de la justicia penal.
Al menos 3.148 personas han muerto a manos de la Policía de Brasil durante los primeros seis meses del año, lo que supone un 7 por ciento más con respecto a las cifras del año pasado por estas mismas fechas, cuando se confirmaron 2.934 fallecidos.
A principios de septiembre, el gobierno del estado de San Pablo anunció el fin de la operación “Escudo”, iniciada el 27 de julio en el litoral, cerca del puerto de Santos. El balance fue elevado. 600 personas fueron detenidas y 22 murieron. La operación había comenzado como reacción de la Policía Militar a la muerte de un joven policía, Patrick Bastos Reis, en la localidad costera de Guarujá. Toda la región está controlada por el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), que gestiona aquí la logística del tránsito de droga hacia Europa a través del puerto de Santos. La operación policial fue duramente criticada por la prensa y los expertos en seguridad pública. Muchos habitantes de los barrios donde se produjeron las muertes denunciaron el comportamiento de los policías que, según ellos, habían ejecutado aleatoriamente a personas sólo porque habían salido de la cárcel o tenían antecedentes penales.
Sin embargo, Brasil no ha tenido tiempo de procesar los acontecimientos de San Pablo, ya que el estado de Bahía ha empezado a llenar las portadas de los periódicos brasileños. Sólo en el mes de septiembre, más de 70 personas murieron en tiroteos entre la policía y facciones criminales, que a su vez se hacen la guerra entre sí. En particular, el Comando Vermelho de Río de Janeiro, el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil, intenta apoderarse de zonas controladas por grupos locales como el Bonde do Maluco (BDM), provocando tiroteos en las calles, masacres, cobros de impuestos a los comerciantes y pánico entre la población.
La mayoría de los asesinatos se produjeron en los suburbios de Salvador. Uno de los iconos de la música brasileña, Caetano Veloso, originario de Bahía, también hizo oír su voz sobre esta emergencia. La semana pasada entregó una carta al Papa Francisco en la que se declaró “asustado” por el aumento de la inseguridad en Bahía y Río de Janeiro, donde reside. “Ante esta situación de agravamiento de la violencia, pido a Su Santidad que dirija su mirada y sus oraciones a nuestro país”, escribió Veloso. El estado de Bahía, gobernado desde hace 16 años por el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, se está convirtiendo en una espina clavada para el gobierno, ya que la ola de violencia comenzó hace unos meses y el actual gobernador, Jerônimo Rodrigues, fue precedido por Rui Costa, actual ministro de la Casa Civil.
Para el ministro de Justicia, Flavio Dino, “el escenario es desafiante”, pero descartó la posibilidad de una intervención federal. “El gobierno del estado está actuando. La intervención federal sólo es posible cuando el aparato estatal no hace nada de forma clara e inequívoca’, dijo. A continuación, criticó al anterior gobierno de Jair Bolsonaro.
“Desafortunadamente, las organizaciones criminales se han vuelto mucho más fuertes en los últimos años, el acceso a las armas ha aumentado en todo Brasil, debido a una política equivocada en nuestro país.” En Bahía, el número de fusiles incautados hasta septiembre de este año se ha más que duplicado desde 2022, 48 frente a 22 el año pasado. El impacto de estas cifras en el elevado número de muertes violentas también es inevitable. Según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, sólo en Bahía hubo 6.659 asesinatos el año pasado. A pesar de la disminución del 5,9% desde 2021, el estado es el primero en términos absolutos y el segundo más violento del país en términos proporcionales, sólo por detrás de Amapá. En Bahía se registraron 47,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Amapá 50,6. Además, las cuatro ciudades más violentas de Brasil están en Bahía: Jequié, con 88,8 muertes por cada 100.000 habitantes, Santo Antônio de Jesus (88,3), Simões Filho (87,4) y Camaçari (82,1).
Según el presidente de la Asociación de Oficiales Militares del Estado de Bahía, Igor Carvalho Rocha, el aumento del número de armas como afirma el ministro Dino, no explica el aumento de la violencia en el estado. “No es una hipótesis válida porque las armas son una cuestión nacional. Pero en otros estados no ocurre lo que pasa aquí en Bahía”, dijo, “por lo que hay que tener en cuenta otras variables. Veo el problema de la delincuencia desde una perspectiva económica. Hay una disputa de mercado entre facciones. Además, lo que está ocurriendo ahora en Bahia tiene una correlación con lo que ha ocurrido en otros estados, es decir, algunos grupos que han operado en otros estados están conectados con los que están operando en Bahia”. En agosto, el gobierno de Bahía había firmado un acuerdo con la Policía Federal para luchar contra el crimen organizado mediante la creación de una Fuerza Integrada de Lucha contra el Crimen Organizado (FICCO), la primera del país.
No es casualidad que, además de Bahía, en las últimas semanas el estado de Río de Janeiro haya vuelto a elevar la alerta de seguridad pública. Desde hace un mes, los narcotraficantes han lanzado una amplia ofensiva contra los grupos paramilitares que controlan la ciudad, las llamadas milicias. En sólo 40 días, los enfrentamientos han dejado al menos 29 muertos y 11 heridos. En los últimos días, la policía civil de Río de Janeiro ha difundido imágenes estremecedoras que muestran a través de vídeos captados por drones el entrenamiento militar de alto nivel de narcotraficantes en el grupo de favelas conocido como el Complexo da Maré, donde viven 140 mil personas. Las imágenes muestran que el entrenamiento tiene lugar en un campo de fútbol y en una piscina de uso exclusivo de los criminales. El lugar bordea un jardín de infancia y está cerca de otras cinco escuelas.
El estado de Río de Janeiro registró un aumento del 17,3% en el número de homicidios en los primeros seis meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior, según el Índice Nacional de Homicidios creado por el sitio de noticias G1. En el primer semestre de 2023 se registraron 1.790 homicidios, frente a los 1.526 del periodo enero-junio de 2022. Esto supone una media de una muerte cada dos horas y media. El aumento es el segundo mayor del país, sólo detrás de Amapá (65,1%). Entre los grandes problemas de Río de Janeiro, debido también a la conformación de la ciudad donde las favelas están encaramadas en ‘morros’ y tienen una densidad urbana muy alta, está el de las balas perdidas durante tiroteos en las calles estrechas, que afectan principalmente a los niños. En 2023 ya 16 niños fueron baleados y siete de ellos murieron. El último caso, en agosto, es el de Eloah Santos, una niña de 5 años alcanzada por una bala que atravesó su ventana mientras jugaba en casa.
La violencia, antes en San Pablo y ahora en Bahía y Río de Janeiro, cobra un precio que tiene orígenes antiguos. Durante mucho tiempo Brasil pasó por alto las amenazas del crimen organizado. El gobierno del país y algunos medios de comunicación han evitado incluso durante mucho tiempo llamar por su nombre a los principales grupos del crimen organizado. Según Ryan Berg, director del programa de las Américas del think tank de Washington Center For Strategic Studies and International Studies (CSIS), “esta práctica ha sido tan generalizada que las políticas brasileñas se han limitado esencialmente a la contención – restringiendo los grupos criminales a regiones específicas, pero permitiéndoles conservar un poder significativo”.
El Programa Nacional de Seguridad (PRONASCI) lanzado por el gobierno de Lula en marzo de 2023 no se ha centrado en el crimen organizado, prefiriendo priorizar los derechos humanos, como la violencia contra las mujeres y las políticas sociales para los presos. Según expertos en seguridad pública, el programa no ha conseguido reducir la violencia urbana y policial. Incluso el paquete lanzado esta semana para combatir el crimen organizado fue considerado “genérico” y elaborado a toda prisa por los miembros de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, en un momento en que el gobierno de Lula se encuentra bajo una intensa presión debido al crecimiento de la violencia en el país. “La impresión es que hicieron este anuncio bajo presión”, dijo Rafael Alcadipani, profesor de la Fundación Getulio Vargas y miembro del Foro Brasileño de Seguridad Pública. “El hecho de que digan que el plan con los objetivos a alcanzar se presentará en 60 días sugiere que es algo que no se ha pensado y que la lucha contra el crimen organizado está fuera del radar”, añadió.
