El caso, vinculado a la «Masacre de San Lorenzo», destaca la gravedad de los abusos cometidos durante la dictadura militar en Argentina. La sentencia marca un paso crucial en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Un Paso Decisivo hacia la Justicia: Condena por Abuso en Caso de Lesa Humanidad en Salta
El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta, presidido por Federico Santiago Díaz y compuesto por Marta Snopek y Marcelo Juárez Almaraz, ha emitido una sentencia de ocho años de prisión para Joaquín Guil, excomisario de la Policía de Salta. El veredicto se basa en el delito de «abuso deshonesto agravado por la calidad de funcionario, el uso de intimidación y por el concurso de dos o más personas, en calidad de autor mediato». Esta calificación coincide plenamente con lo solicitado por el fiscal general Carlos Martín Amad, quien previamente había solicitado una pena de 10 años de prisión.
El juicio, que inició el pasado 21 de septiembre, se centró en los eventos del 24 de abril de 1975 cuando una mujer se presentó en el edificio central de la Policía de Salta para solicitar una autorización que le permitiera recuperar el cuerpo de su hermano, asesinado en la conocida «Masacre de San Lorenzo». Según el testimonio de la víctima, al llegar al edificio policial fue recibida por un oficial que parecía ser el «jefe» y fue llevada a una dependencia donde fue forzada a desnudarse, mientras el uniformado abusaba de ella en presencia de otros 20 policías.
La fiscalía, representada por el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, presentó pruebas que confirmaban el abuso sufrido por la víctima. Se subrayó la gravedad de los hechos al considerarlos como «crímenes de lesa humanidad», vinculados directamente con la Masacre de San Lorenzo. Este caso ejemplifica la amplitud del accionar represivo durante ese período, afectando incluso a familiares de las víctimas.
Se resalta que los abusos sexuales fueron reconocidos como parte del plan sistemático de represión ilegal y que ocurrieron en la Jefatura de Policía de la provincia, a la vista de todos, con la participación de numerosos funcionarios policiales. La fiscalía afirmó que los perpetradores actuaron con total impunidad, conscientes de que no enfrentarían sanciones.
En última instancia, se concluyó que los abusos sexuales en dependencias policiales eran una práctica común y que existía una orden o pauta de actuación común, avalada desde las más altas autoridades de la organización. Joaquín Guil fue considerado responsable de estos crímenes en su rol como exjefe policial de Salta.
Este veredicto marca un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura militar en Argentina. El caso también destaca la importancia de continuar investigando y enjuiciando a aquellos responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos, incluso décadas después de que los hechos hayan ocurrido.
