Medellín, la ciudad colombiana que alguna vez se enorgulleció de su transformación urbana y cultural, se enfrenta hoy a una compleja realidad: el aumento del turismo sexual que en muchos casos incluye la explotación de menores de edad.
El pasado 28 de marzo, un estadounidense de 36 años fue encontrado en una habitación en el hotel Gotham, ubicado en el barrio El Poblado, acompañado de dos niñas de 12 y 13 años. A pesar de que la policía tuvo pruebas materiales del presunto abuso, el sospechoso fue liberado y logró huir del país, generando cuestionamientos sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
El caso, al igual que otras similares ocurridos en la ciudad, revela la incapacidad —e incluso la complicidad— de las autoridades colombianas para combatir la trata de personas y el abuso sexual infantil.
El martes, la Interpol, en colaboración con la Policía y la Fiscalía colombiana, emitió una circular azul en contra de Timothy Alan Livingston, acusado de explotación sexual de menores de edad.
Según datos del Observatorio de Explotación Sexual Comercial De Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA), en 2023 se reportaron 329 víctimas por delitos relacionados con la explotación sexual de menores en la ciudad. Una cifra alarmante que refleja la magnitud del problema.
La capital del departamento de Antioquia se ha transformado en un destino mundial del turismo sexual, en donde extranjeros contactan por internet a empresas supuestamente de turismo pero que en realidad hace parte de redes trata.
Tras el reciente caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó “la suspensión temporal” del trabajo sexual, que no está penalizado ni regulado en Colombia, en los alrededores de cuatro parques en el turístico y lujoso sector de El Poblado. Además, redujo los horarios de funcionamiento de establecimientos nocturnos con venta y consumo de alcohol en esa zona. La medida que, si bien busca frenar la explotación, ha generado polémica.
Recientemente, comerciantes del sector protestaron contra la medida de cierre de establecimientos a la 1:00 de la mañana impuesta por la Alcaldía.
El miércoles, Gutiérrez, en la salida de migración del aeropuerto José María Córdova de Medellín, repartió volantes a los turistas con consignas contra la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes.
“Cambiemos la matriz turística, esos turistas que solo porque traen dólares y muchos, pero vienen a cometer delitos, no nos interesan esos dólares por más que sea un tema económico”, dijo a medios locales Gutiérrez, sobre la campaña ¡Ni lo intentes, es un delito!
Valery P. Ramírez, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, aclara que los delitos sexuales y el ejercicio de trabajo sexual de personas adultas mayores de edad que lo hacen de forma voluntaria y autónoma son dos cosas distintas, que no puede ser equiparadas.
“El gobierno actual está aquí parando todo. Y con este nuevo decreto no está solucionando el delito sino que está incrementando la problemática. ¿Por qué? Porque está generando un discurso de odio y una persecución directa a las miles de familias que se proveen del ejercicio del trabajo sexual, ya que le da el poder y la potestad a las autoridades, en este caso a la policía, para que puedan sacar, para que puedan violentar, para que puedan perseguir a las mujeres que están en este ejercicio y también están persiguiendo a los extranjeros que simplemente están aquí también para pagar un servicio con una mujer que lo hace de forma voluntaria”, dijo Ramírez en diálogo con Infobae.
Otros analistas señalan que esta decisión, si bien puede tener un impacto simbólico, corre el riesgo de empujar estas actividades a la clandestinidad, sin afectar realmente a las poderosas redes de proxenetas y tratantes de personas que se lucran de este negocio.
