El narcotráfico, junto a otras actividades ilícitas como el contrabando y la minería ilegal, son las que mantienen a la economía boliviana con cierta estabilidad, según el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Carlos Arze Vargas, a propósito de la publicación ‘Economía del narcotráfico: desinstitucionalización y políticas en Bolivia’, presentada este martes en La Paz.
Los eslabones nacionales vinculados a la producción y el tráfico de cocaína, podrían obtener ingresos por $us 835 millones, que estarían circulando en el país.
“Sin embargo, esta actividad ilícita no sólo tiene implicaciones en la economía, sino también en la política y la sociedad bolivianas, además de producir efectos en otras actividades legales e ilegales con la intención de borrar sus huellas”, expresa el documento.
El estudio señala que los ingresos por exportación de cocaína estarían entre el 26% ($us 1.843 millones) y el 41,3% ($us 2.880 millones) de las exportaciones legales registradas el año 2020 ($us 6.974), dependiendo del precio de comercialización en frontera.
“Todo esto tiene que ver con las políticas implementadas por los diferentes gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) desde el 2006”, continúa el informe, a tiempo de mencionar que, desde ese año, la política estatal sobre el narcotráfico cambió su orientación “por una con ‘soberanía’ y ‘participación social’, que buscaría revalorizar la hoja de coca, estabilizar la superficie del cultivo y encarar la lucha contra el narcotráfico mediante acuerdos con la comunidad internacional”, afirmó Arze.
Citó, por ejemplo, las políticas aplicadas como la Ley de la Coca, aprobada en 2017, lo que elevó en 83% la extensión de extensión de las zonas autorizadas para su cultivo: se pasó de 12.000 hectáreas a 22.000 hectáreas.
“Es decir, que con esta ley se ‘legalizó’ la producción en 10.000 hectáreas nuevas: 7.700 ha en el trópico de Cochabamba y 2.300 ha en los Yungas de La Paz. Esto generó que la producción legal de coca en 2021 sea 2,1 veces mayor a lo que el mercado nacional requiere para el consumo lícito o tradicional”, subrayó.
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), entre 2006 y 2023 el 93% de la coca producida en el Chapare y el 19% de lo producido en los Yungas no se comercializó en el mercado legal. Al respecto, el investigador del Cedla señaló que esos volúmenes “tienen un destino que no se conoce, presumiblemente un uso ilegal para la producción de droga”.
Asimismo, el estudio indica que las políticas públicas han demostrado un rotundo fracaso en su intento por abordar el problema del narcotráfico en Bolivia. A pesar del aumento considerable del presupuesto destinado a estas políticas, la ineficacia y la corrupción han minado cualquier posibilidad de impactar de manera significativa a los grupos de narcotraficantes, que han fortalecido sus lazos con cárteles internacionales.
En esta perspectiva, Carlos Arze subrayó que la economía del narcotráfico se desenvuelve en un modelo de modernización peculiar que el régimen del MAS ha promovido en el país, apoyado en un discurso culturalista que pretende ser contrario al capitalismo tradicional, pero que en la práctica ha reforzado un patrón de acumulación primario exportador.
“Este modelo ha permitido la consolidación de un capitalismo salvaje que combina la presencia de capital extranjero en sectores estratégicos con el empoderamiento de clases rentistas”, afirmó el investigador. “Esta combinación de factores ha contribuido al fracaso de las políticas públicas y ha incentivado la ilegalidad, perpetuando así el problema del narcotráfico en Bolivia”, agregó.
