El peronismo está en pie de guerra contra la Ley Ómnibus, que está siendo tratada en el plenario de comisiones del Senado, que aún no tiene dictamen y que tiene media sanción debido a la aprobación que tuvo en la Cámara de Diputados algunos días atrás.
Pese a que el proyecto fue desmenuzado y recortado en más de un 50%, la coalición opositora no le ha dado ningún tipo de margen a Javier Milei para negociar un posible respaldo. Todo lo contrario. La oposición es cada vez más dura y la campaña para frenarlo se multiplica en las redes sociales y los medios de comunicación.
Este jueves el oficialismo tratará de sacar un dictamen de mayoría que, a priori, parece muy difícil de lograr. La oposición dialoguista reclama cambios que el Gobierno aún no aceptó vinculados al Régimen de Incentivos para grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo, el monotributo social y el regreso del impuesto a las Ganancias, que cada vez se complica más.
Los gobernadores patagónicos y los peronistas ya han manifestado su total rechazo a la vuelta del gravamen, y no dieron el brazo a torcer frente a los reiterados pedidos de la Casa Rosada. Además, el Gobierno se enfrenta a un recinto en el que muchos legisladores opositores no responden directamente a su gobernadores y tienen peso propio para negociar. Así afronta un escenario fracturado y complejo.
En ese contexto, las distintas vertientes del peronismo preparan una masiva movilización frente al Congreso para el día en que se vote el proyecto. Si el oficialismo logra un dictamen de mayoría, ese día sería uno de la semana que viene. En caso contrario, la discusión se estiraría hasta los últimos días de mayo o los primeros de junio.
El martes a la noche el Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) convocó a manifestarse en la calle cuando se trate la ley. De ese organismo partidario forman parte referentes de todos los sectores de la coalición opositora, menos del Frente Renovador. En la fuerza que lidera Sergio Massa aún no hay definiciones respecto a si marcharán o no.
En comunicado oficial instaron a los senadores a rechazar el proyecto de ley y convocaron a la sociedad a formar parte de la movilización en el Congreso y las distintas plazas principales del país. “No cabe otra postura para un militante peronista que el rechazo total a este proyecto de ley que pretende convertir a la Argentina en una colonia”, indicaron.
El mensaje va directamente a algunos legisladores peronistas como Edgardo Kueider y Camau Espínola, que el año pasado rompieron el bloque de Unión por la Patria (UP) y forjaron una nueva alianza con la senadora cordobesa Alejandra Vigo, que acompañará la ley. En la coalición opositora ejercen presión por todos los canales. Los legisladores que responden a Cristina Kirchner son canales de influencia de la ex presidenta para tratar de frenar el proyecto.
Si el peronismo lograra evitar su aprobación, se quedaría con un nuevo triunfo político después de frenar la sanción del primer proyecto de más de 600 páginas. A eso apunta, además de mostrar que, pese a las diferencias que quedaron a la luz, pueden trabajar en conjunto para conformar un bloque poderoso en el ámbito legislativo.
La del PJ Nacional no fue la única reunión que hubo el martes. En la Facultad de Ciencias Sociales hubo un encuentro del que participaron dirigentes de la CGT, las dos CTA, la UTEP y los Organismos de Derechos Humanos. Allí se generó un debate sobre el impacto de la Ley Ómnibus en la sociedad y se decidió comenzar a organizar una marcha.
Estuvieron el líder del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el titular de la UTEP, Alejandro “Peluca” Gramajo; el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; y el secretario de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, además de integrantes de organizaciones de Derechos Humanos. La CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, también estará presente en la manifestación.
En esa reunión se decidió comenzar una campaña para convocar a todos los sectores que fueron perjudicados por la política económica del Gobierno, con el fin de darle más volumen y diversidad a la movilización. En la Facultad hubo, por ejemplo, representantes de agrupaciones estudiantes y de jubilados, y presidentes de clubes de barrio.
El Frente Patria Grande, que conduce Juan Grabois, será uno de los que movilice, junto al Movimiento Evita y Barrios de Pie. Lo mismo sucede con la agrupación política La Patria es el Otro, que lidera Andrés “Cuervo” Larroque, una de las principales espadas políticas actuales que tiene el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.
En La Plata aseguran que es probable que el mandatario se sume a la movilización. No sería raro. Hasta ahora ha estado presente en los paros que organizó la CGT, en la marcha del 24 de marzo y en la que se hizo para reclamar por los recortes en los presupuestos de las universidades públicas. Kicillof se volcó a la calle siempre y esta no sería una excepción.
El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, es uno de los más activos. En sus redes sociales inició una campaña convocando a una manifestación el día de la votación. A él se sumarían varios intendentes del conurbano, que esperan una convocatoria formal del PJ Bonaerense, que conduce Máximo Kirchner.
Ese llamado institucional llegará más temprano que tarde. Kirchner ya avisó que La Cámpora “movilizará todo lo que se pueda” el dia que el proyecto se trate en el recinto. La ambición es colmar las calles de militantes y manifestantes, para mostrar el poder de fuego que el peronismo sigue teniendo en la vía pública, donde parece muy difícil que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pueda aplicar el protocolo antipiquetes.
