Gremiales y transportistas se movilizan con marchas y bloqueos, demandan más combustibles, dólares y frenar normas contra propiedad privada

Se ha instalado puntos de bloqueos en Oruro, La Paz y Santa Cruz.

El Gobierno llamó al diálogo, pero los sectores amenazan con radicalizar la protesta y llegar a un paro indefinido

El gobierno del presidente Luis Arce Catacora enfrenta un nuevo conflicto. Los transportistas y gremiales llevan adelante protestas a escala nacional, como marchas y bloqueo de caminos. Las demandas de estos sectores van desde la regularización en el abastecimiento de combustibles, poner freno a la escasez de dólares, archivar un proyecto que busca el decomiso de productos de contrabando en los mercados y abrogar el Decreto 4732, que regula la compra y venta de inmueble, que está vigente desde hace dos años.

Las movilizaciones comenzaron desde las primeras horas de este lunes, 20 de mayo. Los primeros puntos de bloqueos se instalaron en la ruta que une La Paz con Oruro, en las localidades de Pisiga y Pastos Grandes.

También hay bloqueos en Arroyo Concepción (frontera con Brasil) y en la ruta Yapacaní – Santa Cruz. En Cochabamba, estos sectores también han salido a marchar, lo mismo que en El Alto.

En Santa Cruz, los gremiales salieron en marcha desde diferentes puntos de la ciudad para congregarse en la plaza 24 de Septiembre. «Vamos a quemar el comunismo», «No hay dólares», «Anulación del DS 4732», «Respeto a la propiedad privada», decían algunos de los carteles que exhibían.

 

¿Por qué protestan?

La protesta es por varios factores. Por ejemplo, el sector del transporte pesado pide incrementar el suministro de diésel a escala nacional, ante una política de control que lleva adelante YPFB que, según la estatal, busca frenar la sobredemanda de gasolina y diésel.

Esto ha generado largas filas en surtidores de las ciudades del eje central; sin embargo, desde el Gobierno atribuyen este problema a la especulación y a la sobredemanda de estos productos que después son desviados al contrabando.

Por su parte, los gremialistas exigen la abrogación del Decreto Supremo (DS) 4732, que está vigente desde junio de 2022, y pone freno a las cláusulas y prácticas comerciales «abusivas» en contratos de preventa. Desde la perspectiva de los gremialistas, esto busca controlar los bienes de las personas y atenta contra la propiedad privada.

También rechazan el Decreto Supremo 5139 que asigna recursos a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para la contratación de personal para el registro de los bienes inmuebles. Esto es visto como una forma de ejercer el control de la propiedad privada en el país.

El sector también rechaza el proyecto de Ley 145 que busca que la Aduana y las entidades responsables de la lucha contra el contrabando intervengan en depósitos de mercadería de este tipo ubicados en las zonas urbanas.

La falta de dólares es otro motivo de la protesta. Tanto gremiales como transportistas sostienen que la escasez de la divisa está afectando el consumo y por ende exigen medidas urgentes.