También se reporta un número significativo de 180 acciones contra el Congreso
Durante los últimos 17 meses, el gobierno de Dina Boluarte ha sido testigo de 1.102 protestas, según información del Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad de la PUCP, que recientemente hizo pública una base de datos que agrupa un registro de más de 24 mil manifestaciones sociales en Perú desde 1980.
Durante casi un año del actual régimen se levantaron una serie de protestas contra los distintos poderes del Estado. Desde que asumió Boluarte, tras el autogolpe de Pedro Castillo, hasta fines de 2023, se registraron 755 protestas contra el Ejecutivo.
Entre todas las demandas a nivel nacional, la que mayor predomina es la exigencia de la renuncia de la presidenta. También el adelanto de elecciones generales, la convocatoria a una asamblea constituyente. En Ayacucho y Puno, donde las protestas contra el gobierno fueron violentamente reprimidas por las Fuerzas Armadas y la Policía, dejando heridos y muertos, se intensificaron las acciones de presión sobre el gobierno.
Tras ello, los manifestantes se movilizaron para pedir justicia por los muertos durante las protestas. Así como el cese de la represión por las fuerzas del orden, entre otros reclamos.
De estas protestas, 182 eventos estuvieron dirigidos contra el Congreso, según difundió el Observatorio. Los manifestantes protestaron en contra la vacancia de Pedro Castillo llevada a cabo por el Congreso y exigían su liberación. Además, piden el cierre y disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales. También han expresado su descontento por el manejo del actual gobierno, desde que Dina Boluarte asumió la presidencia.
Los manifestantes también han alzado su voz por otras demandas, entre ellas la renuncia de Boluarte y la constitución de una nueva Asamblea Constituyente. Algunas protestas incluyen críticas a la fiscal Benavides y otros reclamos relacionados con la creciente inseguridad y la criminalidad. También se pide mayores presupuestos y mejoras salariales para diversos sectores, como salud y educación.
Adicionalmente, se han registrado protestas en rechazo a ciertos proyectos de ley aprobados por el Congreso, como la Ley 31520, que afecta la regulación educativa. Asimismo, los colectivos y gremios demandan desde igualdad de derechos para la comunidad LGTBIQ+, hasta sanciones efectivas a empresas como Repsol por desastres medioambientales.
Entre otros aspectos destacados, un grupo conservador del Congreso ha solicitado cambios que afectarían los derechos de las mujeres, y la Defensoría del Pueblo ha intervenido en algunas ocasiones demandando el veto de ciertos proyectos de ley. También se han registrado pronunciamientos contra la Junta Nacional de Justicia y rechazo a varios congresistas por sus posiciones o acciones durante las manifestaciones.
