Milei ya amenazó con vetar los cambios.
Diputados: la oposición dialoguista y los K llegan a un acuerdo para dar media sanción a la movilidad jubilatoria Martín Menem. Foto Federico Lopez Claro.
Mientras el oficialismo, a seis meses de Gobierno, todavía no consigue tener su primera ley, la oposición está a un paso de propinar un duro golpe en Diputados con la aprobación de una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274/2024 de Javier Milei, que ya amenazó con vetar el cambio. La UCR, Unión por la Patria y los bloques federales acordaron un proyecto conjunto para darle media sanción esta noche.
La forma en que lo van a plasmar en el recinto dependerá de las cartas que jueguen La Libertad Avanza y el PRO que ponen reparos con cuestiones reglamentarias.
Como contó Clarín, la oposición dialoguista y el kircherismo ya se pusieron de acuerdo durante el debate en comisiones para que en el corazón del proyecto haya acuerdo. Por eso, el proyecto que se votará plantea actualizaciones mensuales por inflación -como rige ahora- y una recomposición extra de 8 puntos.
Ese número no fue elegido al azar. Es la diferencia entre la recomposición de 12,5% que otorgó el Gobierno, y el 20,6% de inflación de enero, que fue la más alta. Es un mínimo, aclararon, para que los jubilados recuperen lo perdido.
Pero la novedad, es que además de inflación le incorporan otro índice: fijan una actualización anual -en marzo de cada año- en base al incremento de salarios. Será del 50% de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) el año calendario anterior.
¿Qué faltaba entonces? Dos puntos se negociaron a lo largo de la tarde, con la sesión ya en curso: el piso sobre el que quedarán fijados los haberes y el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El proyecto de la UCR y Hacemos Coalición Federal planteaba un piso de haber regido por la canasta básica total por adulto, que ronda los $ 250.286. Mientras UP fijaba que mínimo sea de 1.2 de esa canasta, lo que equivaldría, aseguran, a la mínima actual con el bono de $ 70 mil incluido.
Según pudo saber Clarín la forma de saldar esta diferencia, será fijar un punto intermedio. El piso de los haberes va a quedar en 1,09 veces la canasta de básica total por adulto. Es la cifra a la que llegaron calculando el desfasaje promedio que se da entre cuando se publica la nueva canasta y después sale la inflación actualizada.
Pero el principal punto de discordia tenía que ver con que el dictamen de los dialoguistas plantea el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el pago de deudas de cajas provinciales y sentencias adeudadas. El kircherismo eso no lo aceptaba.
«El pago de las deudas es un reclamo legítimo, pero no estamos dispuestos dejar abierta la posibilidad de liquidación del FGS, algo que el actual oficialismo ya tuvo intención de hacer. Eso es un paso para el retorno al sistema de las AFJP y no vamos a permitir que ocurra», planteó de entrada Itai Hagman (UP).
Los principales defensores de ese punto son los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, que integran el bloque de Hacemos Coalición Federal. A ellos es a quienes tuvieron que convencer con alguna fórmula alternativa.
La solución será mantener la obligación de pago a las deudas de provincias y sentencias firmes -hay 82 mil- pero se van a tomar los recursos tributarios que tienen asignaciones específicas a la ANSES. Es decir, impuestos al cheque, País e IVA, entre otros. Lo que no se llegue a cubrir con eso, lo debe girar el Tesoro.
De esa manera la oposición dialoguista va a sortear un límite que tenía: votar junto al kirchnerismo. Lo cierto es que estaban consciente de que no podían terminar la sesión sin un acuerdo. Primero, porque sería un rotundo fracaso. Y segundo, porque si votan y se cae, el tema no podría ser tratado por un año.
La sesión consiguió quórum con 140 diputados presentes, entre la UCR, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica, la Izquierda, Innovación Federal, Unión por la Patria y otros bloques provinciales.
«Este proyecto pretende garantizar el porcentaje perdido de enero, un haber mínimo relacionado a la canasta básica, con variación salarial, como dicen los fallos judiciales, y con un FGS pagar las deudas de nación con las cajas provinciales no transferidas y los juicios pendientes de los jubilados», sentenció la radical Gabriela Brower de Koening.
Y agregó: «Nadie nos puede juzgar de demagogia ni de irresponsabilidad. La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que el costo fiscal del proyecto es de 0,43 % del PBI»
La Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto.
«Es una hipocresía. El populismo destruyó el sistema jubilatorio. Repartieron jubilaciones como si fueran planes sociales. Se estatizó la AFJP dejando ahorros de millones de argentinos. El resultado es cada vez jubilados más pobres», sentenció el jefe de bloque libertario Gabriel Bornorini, y siguió: «Nosotros cuidamos a los jubilados de manera responsable, sin prometer soluciones mágicas. Actualizamos por inflación. Lo que los anteriores gobiernos no hicieron nosotros lo hicimos en seis meses».
