Las fuerzas de seguridad en Guayaquil desmantelaron una escuela de sicarios y centros de secuestro que operaban en una zona alta de un cerro, en el noroeste de la ciudad. El operativo incluyó la destrucción de viviendas rústicas construidas con madera, hojas de zinc, caña y plástico.
Decenas de policías y militares participaron en el operativo, utilizando explosivos para derribar las estructuras, según recogió diario Expreso de Ecuador. Evelyn Montalván, representante de la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, explicó a Infobae que se detectaron diez casas vacías usadas con fines no habitacionales, las cuales fueron demolidas. Además, se encontraron siete viviendas adicionales cuyos ocupantes presentaron documentos de posesión que serán verificados.
El terreno, con calles de tierra, desniveles y puntos resbaladizos, dificultaba el acceso, permitiendo a los delincuentes vigilar la llegada de las autoridades y huir rápidamente, según información de Expreso. Durante el operativo, se hallaron radios de comunicación utilizadas por los criminales para coordinar sus actividades y alertar sobre la presencia policial. Roberto Santamaría, jefe policial del distrito Nueva Prosperina, confirmó al medio que el área era utilizada para entrenar sicarios y realizar diversas actividades criminales, incluyendo el secuestro de personas.
En la zona, también se identificó un terreno baldío donde los delincuentes practicaban disparos y planificaban sus actividades ilícitas, en las cuales participaban menores de edad.
Los niños son mano de obra barata para los narcocriminales
Los niños que son cooptados por las bandas narcoterroristas de Ecuador provienen de hogares inestables y de una escolaridad inconclusa, así lo indica un estudio elaborado por la consultora de política en seguridad pública estatal, Katherine Herrera Aguilar. La investigación publicada por la Fundación Konrad Adenauer y la Red de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa verificó la situación en los cantones de alta peligrosidad en el Ecuador y concluyó que esas zonas están abandonadas por el Estado y, por tanto, sus poblaciones son más vulnerables ante los grupos de delincuencia organizada.
