El referente piquetero deberá responder por la comida que habría sido desviada y, también, por el uso de presuntas facturas “truchas” para justificar convenios por 360 millones de pesos
El Gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano —a cargo de Sandra Pettovello—, presentó una nueva radiografía de los supuestos “comedores fantasma”. El último relevamiento marca que de los 3.385 lugares relevados y que figuraban como “pre inscriptos” en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos (ReNaCoM) el 47,5% “no existen”, ya sea porque “en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero o ya no funciona como tal”. Gran parte de ellos pertenecen al Polo Obrero.
Dos expedientes judiciales investigan estas y otras supuesta irregularidades y delitos. Una recayó en el juzgado de Ariel Lijo y está delegada en la fiscalía federal de Ramiro González. La otra, que es la más avanzada, es instruida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González. La auditoría, a la que accedió este medio de manera exclusiva, fue presentada en los dos expedientes.
Hasta el momento, en la causa de Casanello hay 23 imputados, la mayoría de ellos dirigentes del Polo Obrero. Su líder, Eduardo Belliboni también es sospechado de haber utilizado facturas truchas para justificar gastos millonarios que salían de las arcas del Estado para realizar emprendimientos productivos y capacitaciones. El monto exacto es de $360 millones.
El próximo 25 de junio serán indagados Belliboni y María Isolda Dotti —alias “Tango”—, una de las referentes de comedores que formaría parte de una red de personas que se cree extorsionaban y presionaban a beneficiarios del Potenciar Trabajo para que asistan a marchas y cobraban una “cápita” del dinero que recibían del plan social a cambio de realizar 20 horas de tareas semanales en las Unidades de Gestión -ooperativas de trabajo y comedores- que dependían de la Asociación Civil Polo Obrero. Un día antes, el 24, está citado Jeremías Cantero, la mano derecha de Belliboni.
Hasta ahora, en ese expediente, la Justicia analizó un total de 167 facturas por un total de 25 millones de pesos. “Entre 2020 y 2023, la Asociación civil Polo Obrero y la cooperativa ‘El Resplandor’ recibieron $360 millones. De ese total habrían rendido solo 113 millones”, según informó Ministerio de Capital Humano a través de la subsecretaria Legal Leila Gianni. En esas rendiciones, según le explicó una fuente judicial a este medio, “aparecen 25 millones de pesos que se intentó justificar con facturas truchas” firmadas por Eduardo Belliboni.
El expediente arrancó en diciembre del año pasado con una avalancha de denuncias a la línea 134 sobre supuestas extorsiones a beneficiarios de los planes sociales para ir a las marchas, pero con el paso de los días derivó en una posible defraudación millonaria a las arcas del Estado.
“Todo esto parece ser un plan sistemático para cometer varios hechos de corrupción contra el pueblo argentino, violentando derechos humanos como la alimentación, la libertad, la dignidad y el trabajo de los sectores más vulnerables”, dijo Gianni al ratificar la denuncia por los hechos que se investigan.
En la ampliación de denuncia que Gianni realizó ante el fiscal González demostraría que no solo hay comedores que “no existen” sino que en las rendiciones que realizó el Polo Obrero “surge que recibían alimentos secos que figuraban como destinados a los comedores que asistían a los más vulnerables, pero no existían cuando se realizó la inspección”. Es decir que esa comida “terminó en otro lugar”, como indicaron.
El Ministerio de Capital Humano también aportó documentación que demuestra que el Polo Obrero recibió la mayor cantidad de alimentos secos en 2023, un total de 4.618 toneladas de las 18.685 toneladas que se distribuyeron a través de las organizaciones sociales
Infobae accedió a los entrecruzamiento de datos basados en las escasas rendiciones que presentaron las organizaciones de izquierda y de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) para justificar los miles de kilos de alimentos secos que recibieron en el año 2023 por parte del Gobierno de Alberto Fernández, y de los comedores y merenderos a los que supuestamente fueron derivados.
